Esta ley estatal combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximación integral, contemplando sus múltiples factores de riesgo y consecuencias. Otorga una prioridad esencial a la prevención, la socialización y la educación, y establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima.