Esta ley estatal aborda la protección y garantía de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral. Prevé la adopción de un conjunto de acciones y medidas tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. Establece una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal que busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia, de la mujer y de la vida prenatal.