Esta ley pretende ser un instrumento eficaz para impulsar medidas y acciones concretas que permitan el crecimiento y la consolidación del tejido asociativo y su reconocimiento como valor público y de vertebración comunitaria; el desarrollo de políticas públicas de fomento más eficientes, coordinadas y colaborativas, y la simplificación de las relaciones entre las entidades y los poderes públicos. El objetivo es que estas entidades puedan destinar los máximos esfuerzos y recursos al desarrollo de sus proyectos y acciones de implicación social –en términos de promoción de actividades y colectivos– y de cambio o transformación social, a favor del progreso de toda la ciudadanía.