Aprovado el Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad
El pasado miércoles se aprobó el Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, después de un largo proceso de participación, debate y consenso que ha implicado administraciones, entidades, personas expertas, sindicatos, patronales y grupos parlamentarios.
El objetivo del pacto es adaptar las políticas públicas a los nuevos paradigmas y necesidades del colectivo, tal como marca la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Pacto se ha desarrollado mediante seis grupos que han trabajado los siguientes ejes estratégicos: accesibilidad y movilidad, salud y apoyos comunitarios, educación, inserción laboral, libertades civiles y políticas, y sostenibilidad del sistema. En total, han participado 153 personas que han mantenido 41 reuniones.
El documento ha recibido el visto bueno del Consejo de la Discapacidad de Catalunya (CODISCAT), que es el órgano que agrupa a las entidades más representativas del ámbito y es responsable de velar por la transversalidad de las políticas de promoción de la autonomía personal y de la atención de este colectivo. Después de la aprobación de la Mesa, el pacto se aprobará también como acuerdo de Govern.
El pacto recoge 262 medidas o retos, entre los cuales se destacan 9 a abordar de forma prioritaria. Son los siguientes:
1. Iniciar programas y servicios de asistencia personal y de adaptaciones en la vivienda.
2. Poner en marcha un plan de actuación para mejorar la accesibilidad universal en espacios públicos y transporte, eliminando las barreras arquitectónicas existentes. E impulsar un plan de actuación para garantizar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan participar, también sin barreras, en actividades culturales, deportivas de todo nivel, de ocio y turísticas, tanto públicas como privadas.
3. Desplegar, con urgencia, programas para fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad al mercado de trabajo ordinario y a la administración pública, incluyendo formación específica y apoyos para el autoempleo.
4. Impulsar programas de formación y sensibilización dirigidos a profesionales de la educación sobre los principios y prácticas de la educación inclusiva.
5. Establecer servicios inmediatos de apoyo y acompañamiento para las familias de personas con discapacidad, incluyendo información, asesoramiento y acceso a recursos.
6. Crear una Comisión o unidad transversal, en el seno de la administración, para mejorar la coordinación y la eficacia en la ejecución de políticas públicas y servicios para las personas con discapacidad.
7. Establecer mecanismos para garantizar la participación activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones en los procesos de toma de decisiones que las afecten directamente.
8. Poner en marcha protocolos de actuación y apoyo para personas con discapacidad en casos de discriminación, abuso o acoso.
9. Establecer y desarrollar un sistema de información y seguimiento para recopilar datos y monitorizar el progreso en el despliegue de las medidas, que ayude a evaluar la eficacia de las acciones a corto plazo y ajustarlas según haga falta, que incorpore todas las tipologías de discapacidad, perspectiva de género (interseccional e identidad de género cuando sea posible), perspectiva intergeneracional y relativa al proceso de envejecimiento, y perspectiva territorial. Un sistema de información y seguimiento que incorpore, teniendo en cuenta las variables señaladas, una diagnosis de situación previa y la información necesaria para evaluar los adelantos.
