Aprobado el anteproyecto para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad
Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para reformar dos normas al mismo tiempo: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, afirmó que el anteproyecto de ley va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona. Y, por otro lado, se va a eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años que hay en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Ha añadido que los nuevos textos en Dependencia y en Discapacidad ofrecerán un marco legal a los usuarios y a las usuarias del sistema para poder reclamar aquellos servicios recogidos en la ley que no sean ofrecidos por los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia.
Esta reforma legislativa también busca reforzar la implantación del nuevo modelo de cuidados en el que está trabajando Derechos Sociales con las Comunidades Autónomas a través de la estrategia estatal aprobada en 2024 para desinstitucionalizar el sistema y avanzar hacia cuidados de mayor cercanía, en el hogar de la persona o en entornos comunitarios.
Al mismo tiempo, la reforma incorpora nuevos servicios orientados a ofrecer una atención centrada en la persona. Por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio se extiende a actuaciones en el entorno comunitario que van más allá de las necesidades de cuidado personal y domésticas. Así mismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que se reconozca también cuando el cuidado lo presten personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.
En esta misma línea, el anteproyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio y elimina la restricción que limitaba la asistencia personal a los ámbitos de educación y trabajo para permitir orientarlo a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona.
Por otra parte, el anteproyecto de ley incluye tres nuevos servicios en el catálogo. En primer lugar, ofrece servicio de cuidados y apoyos en vivienda, ya sean viviendas donde convivan solo unas pocas personas o viviendas dentro de equipamientos colectivos como puede ser el modelo de vivienda colaborativa conocido como cohousing. En segundo lugar, se estipula un servicio de provisión de productos de apoyo para facilitar el acceso, mediante préstamo o cesión temporal, a productos que mejoren la autonomía. Y en tercer lugar, se incluye un servicio de asistencia personal que proporciona apoyos y cuidados personalizados a través de asistentes personales, siguiendo un plan de actividades ajustado a la voluntad y preferencias que tenga cada persona, especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo.
Se pretende que sea la persona dependiente quien tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que pueda garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.
Otro derecho importante que recoge el anteproyecto es el de las personas en situación de dependencia a recibir una atención sanitaria sea cual sea el lugar de residencia. Este punto, resaltan desde el Ministerio de Derechos Sociales, es importante para evitar la situación vivida durante la pandemia del COVID-19 en algunas residencias de personas mayores. Para lograrlo, la reforma obligará a los gobiernos autonómicos a implementar procedimientos de coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, con el objetivo de proporcionar una atención integral que combine ambas áreas.
La reforma legislativa aborda, además, la situación de las personas cuidadoras no profesionales, incluyendo un derecho para que puedan recibir apoyos, asesoramiento, seguimiento y formación para su bienestar físico y emocional, así como para obtener información accesible sobre las prestaciones y la calidad de los servicios, y para disponer de medidas para la conciliación de su vida personal, familiar y laboral.
Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay casi 2 millones de personas (1.837.818) que requieren atención por parte del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia).
