Se aprueba el Projecte de llei dels Instruments de Provisió del Sistema Públic de Serveis Socials
El Gobierno aprobó, ayer, un proyecto de ley sobre los instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales, retomando el trámite parlamentario que decayó al acabar la legislatura anterior.
El texto establece un marco jurídico sólido para la provisión de servicios, reforzando la calidad, la equidad y la sostenibilidad de un sistema que atiende niños/as, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, enfermedad mental o adicciones y familias en situación de riesgo social.
La propuesta legislativa incorpora elementos de transformación, innovación y modernización de la red de servicios sociales, haciendo hincapié en la desburocratización y la mejora continua de la calidad.
El texto potencia el papel del tercer sector social, reconociéndolo como un cooperador clave en la red pública. A través de instrumentos como la acción concertada, se refuerza la colaboración entre las entidades sociales y las administraciones y se asegura una financiación transparente y vinculada a resultados tangibles.
Una de las aportaciones más relevantes de la ley es la creación de la Agencia Pública de Servicios Sociales de Catalunya, una entidad con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, que permitirá una gestión más ágil y eficiente de los servicios sociales, especialmente en colectivos como las personas mayores, las personas con discapacidad y los niños/as.
La ley incorpora medidas para garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema, como el cálculo de los costes de los servicios. En este ámbito, la determinación del coste de referencia de las prestaciones de la Cartera de servicios sociales y sus actualizaciones tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la evolución de los salarios del sector público para poder asegurar una equiparación de los sueldos del personal que presta servicios en las entidades proveedoras.
Así mismo, prevé que las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública tienen que repercutir en el salario de su personal los incrementos retributivos que se hayan incluido con este fin en el coste de referencia.
Por otro lado, la normativa también introduce el contrato de impacto social, una herramienta de provisión innovadora que vincula la financiación privada al cumplimiento de objetivos sociales específicos, asegurando que cada euro invertido genera un retorno significativo para la comunidad.
Finalmente, el texto normativo establece la garantía de los derechos lingüísticos de las personas usuarias de los servicios sociales. En este sentido, se prevé la capacitación lingüística mediante una disposición transitoria que prevé que las entidades proveedoras del Sistema Público de Servicios Sociales tengan un plazo de cinco años para capacitar lingüísticamente su personal para prestar los servicios sociales en catalán o en aranés a las personas que son usuarias.
El Proyecto de ley ha contado, en su proceso de elaboración, con la participación de entidades sociales, entidades municipalistas, sindicatos, patronales y todo un conjunto de actores que han hecho más de 300 aportaciones.
